Ciudad de México 

Después de 16 años de proceso, Raúl Salinas de Gortari solicitó a un juez federal poner fin al juicio que se le sigue por enriquecimiento ilícito y que se le dicte sentencia.

En ese contexto, la PGR pidió imponer una pena de prisión al hermano del ex Presidente Carlos Salinas (1988-1994) por un presunto enriquecimiento de más de 224 millones de pesos, informaron fuentes del Poder Judicial de la Federación.

Luego de tres sexenios y más de 270 tomos acumulados en su expediente, Raúl Salinas de Gortari pidió cerrar el único juicio que tenía pendiente y que a nivel federal es el más largo de la historia en México sin sentencia de primera instancia.

Según datos oficiales, cuatro días después de que Enrique Peña Nieto asumiera la Presidencia y al día siguiente de que el Senado confirmara a Jesús Murillo Karam al frente de la PGR, el 5 de diciembre, Raúl Salinas solicitó al juez federal Carlos López Cruz poner fin a la instrucción de su proceso, con número 36/97.

Tras haber sido notificada del final del procedimiento, el 22 de enero del presente año, la Coordinación General de Investigaciones de la PGR presentó al juzgador sus conclusiones, las cuales fueron de carácter acusatorio.

Es en este documento que el Ministerio Público Federal solicitó al juez emitir una sentencia condenatoria con pena de prisión en contra de Salinas y sus dos coacusados.

También quedaron cerrados los procesos de sus coacusados, Jesús Gómez Portugal y Juan Manuel Gómez Gutiérrez, considerados por la PGR como presuntos prestanombres de Raúl.

De acuerdo con las autoridades consultadas, la institución que hoy está a cargo de Murillo Karam pidió al juzgado que la condena fuera conforme a las reglas que establece el Código Penal Federal para el delito de enriquecimiento ilícito.

El artículo 224 contempla un castigo de 2 a 14 años de prisión y la imposición de una multa de 19 mil 428 a 32 mil 380 pesos, así como la inhabilitación para desempeñar cargos públicos y el decomiso de todos los bienes producto del delito.

Salinas permaneció una década tras las rejas, acusado del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, delito del que fue absuelto en 2005.

De recibir la pena máxima en este juicio, se deberán descontar los 10 años y considerar que puede acceder a la libertad preparatoria con base en la Ley de Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, por lo que es difícil que vuelva a la cárcel.

Desde el 28 de febrero de 1995, Salinas derrotó a la PGR en los cuatro procesos donde fue acusado de defraudación fiscal, lavado de dinero, peculado y el homicidio de Ruiz Massieu.

En 2009, la Procuraduría General de la República informó que no halló ningún elemento para acusarlo de narcotráfico.

Su juicio lo instruyeron el Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal del DF, Hans Eduardo López Muñoz; el Décimo Primero, Iram García García; el Séptimo, Alejandro Sánchez López y los del Décimo Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales, Silvia Estréver Escamilla y Carlos López.

Durante esos años, pasaron por la PGR Antonio Lozano Gracia, Jorge Madrazo Cuéllar, Rafael Macedo de la Concha, Francisco Cabeza de Vaca, Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez Chávez y Marisela Morales.

La PGR acusa a Salinas de haber adquirido 41 inmuebles en 9 entidades federativas, 12 cuentas de cheques, dos cuentas de ahorro, 36 cuentas de valores y dos contratos de acciones, con recursos cuyo origen supuestamente no justificó como servidor público de la Conasupo.

El monto del supuesto enriquecimiento ilegal originalmente fue tasado en 181 millones de pesos, pero en diciembre de 1998 el monto saltó a 224 millones, luego de que el juez de la causa admitiera 112 nuevas pruebas de la Procuraduría.

En su descargo, Raúl ha alegado que la lista de bienes debe ser depurada, porque por lo menos 8 inmuebles los adquirió entre 1977 y 1981, cuando no era funcionario.

Por Abel Barajas, Periódico Reforma, 19 de Febrero del 2013

Ciudad de México 

El titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, informó que hay seis detenidos que confesaron haber violado a un grupo de turistas españolas en Acapulco.

En conferencia de prensa, ofrecida de manera conjunta con el Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, Murillo informó que tras las indagatorias realizadas sólo falta capturar a una persona más por la agresión a las extranjeras.

Los capturados por el caso de las españolas son Abraham Rodríguez Flores, de 27 años; Omar González Gaspar, de 20 años; y Miguel Ángel Torres Tlaxiaco, de 19 años.

Además, Reynaldo Sandoval Núñez, de 16 años; Jorge Antonio Elio Carmona, de 20 años y José Antonio Castañeda, de 30 años.

Se informó que los seis aprehendidos son originarios de distintas localidades del Estado, según datos de PGR y la Procuraduría estatal, y que uno de ellos fue capturado ayer, mientras que el resto durante la madrugada de este miércoles.

El Procurador señaló que aunque el caso de las turistas españolas prácticamente está resuelto, no es el único de este tipo que ha ocurrido en el puerto; no obstante, destacó que en los últimos días han detenido a 37 personas por diversos delitos y logrado desarticular 4 bandas de plagiarios.

En tanto, el Gobernador de Guerrero señaló que durante la investigación no se buscó a "chivos expiatorios" para resolver rápidamente el caso.

Más tarde en entrevista para Radio Fórmula, Murillo Karam informó que a raíz de la puesta en marcha del Plan Acapulco se han instrumentado nuevos mecanismos de investigación policial que ha permitido detener varios presuntos delincuentes en la región.

"Tenemos varios meses trabajando en Acapulco, recordarás cuando el Presidente instrumentó el Plan Acapulco que de alguna manera es una especie de forma de ir probando mecanismos nuevos de investigación policiaca, en éste, en el centro de todo está la coordinación de todas las Policías", dijo.

Karam detalló que los violadores eran de la comunidad y que, de acuerdo a sus testimonios, algunos planearon robar por la falta de dinero, encontrando la casa donde se encontraban las turistas por casualidad.

Adelantó que una vez que estén integrados sus expedientes, se decidirá si la Federación o el Estado de Guerrero procesa a los detenidos.

Agregó que las víctimas podrían ser llamadas a identificar a sus agresores.

"Estamos procesando, integrando todavía sus declaraciones, seguramente los llevaremos a la Ciudad de México, si esto lo toma la Procuraduría General de la República, también estamos viendo quien sería la competencia más adecuada", apuntó.

"En función de eso y a la mayor brevedad posible serán enviados a cualquiera de las instancias que lo vean y en cualquier caso serían llamados (las víctimas) al reconocimiento aquí en Acapulco o en la Ciudad de México".

Por Redacción Reforma, Periódico Reforma, 14 de Febrero del 2013

Aguascalientes 

El Presidente Enrique Peña Nieto anunció ayer un giro en el combate a la delincuencia: dar prioridad a la prevención por encima de las acciones policiacas.

Aclaró que, en este plan, los ciudadanos deben ser corresponsables al ayudar a los Gobiernos a resolver el problema de la delincuencia.

El Mandatario instaló la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, la cual instrumentará acciones de salud, educación y empleo, entre otras, en los 251 municipios que registran mayor inseguridad en el País.

El programa tendrá un costo inicial de 118 mil millones de pesos.

"Es claro que tenemos que poner especial énfasis en la prevención social porque no sólo podemos seguir empleando mayor sofisticación en el armamento, mayor equipamiento, mayor número de policías, más presencia de las fuerzas armadas del País.

"Por supuesto que es a través de estos instrumentos como combatimos los efectos a los que ahora le queremos prestar una mayor atención, que es a través de la prevención. Se trata de corregir lo que estamos viviendo de manera insistente en algunas zonas del País. Se trata de revertir estos escenarios, pero también de prevenir para el futuro", dijo.

Sin mencionar la política contra el narcotráfico que aplicó su antecesor Felipe Calderón, al incrementar el número de militares en las calles, el Mandatario federal argumentó que el uso legítimo de la fuerza institucional es necesaria para garantizar el Estado de Derecho, sin embargo, advirtió, no resuelve el problema.

Empero, aclaró, este plan puede ser posible sólo si existe una corresponsabilidad entre el Gobierno y los ciudadanos.

"Es una política sustentada en el trabajo corresponsable y articulado de los Poderes de la Unión, los tres órdenes de Gobierno, la sociedad civil organizada y la propia ciudadanía.

"La paz que merece nuestra sociedad, yo estoy convencido de que sí es posible lograrla (...) convoco a todos los mexicanos a participar en sus comunidades, trabajando de la mano con el Gobierno para construir juntos un México en paz", advirtió.

En esta estrategia, lo que le correspondería al Gobierno federal es alinear los programas que desarrollarán nueve secretarías de Estado -que no involucran a las de seguridad nacional- para atacar problemas concretos en comunidades en riesgo.

De manera paralela, dependencias como la Marina, Defensa Nacional y Seguridad Pública Federal mantendrán sus operativos contra el crimen organizado.

En los 20 minutos que duró su discurso, Peña Nieto insistió en que las tareas de una sola institución se convertirán en una responsabilidad compartida, y para ello prometió que los ciudadanos tendrán voz para proponer acciones.

Ante dos Mandatarios estatales priistas, el de Aguascalientes, Carlos Lozano, y el de Chihuahua, César Duarte, quien asistió en representación de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), de Alcaldes, líderes de agrupaciones sociales y funcionarios, el Presidente afirmó que quiere retomar aquellos propuestas que den resultado en la lucha contra la criminalidad.

Recordó que su política de seguridad y justicia se divide en seis líneas de acción: planeación, prevención, protección y respeto a los derechos humanos, coordinación real y efectiva, transformación institucional y evaluación y retroalimentación.

En este Programa, dijo, se reflejan parte de esos objetivos para lograr que al termino de su sexenio exista "Un México en Paz".

La Comisión está integrada por las secretarías de Gobernación, Desarrollo Social, Economía, Comunicaciones y Transportes, Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

La Segob se encargará de coordinar a las dependencias en el diseño y la ejecución de las políticas, los programas y las acciones.

Por Érika Hernández, Periódico Reforma, 13 de Febrero del 2013

Ciudad de México 

La expectativa en febrero del 2008, cuando Leonardo Valdés fue electo presidente del Instituto Federal Electoral, era superar la crisis de credibilidad derivada del conflicto postelectoral del 2006. Cinco años más tarde el panorama en el instituto vuelve a ser crítico.

Con la evidente división del Consejo General en dos bloques claramente delimitados, la renuncia del consejero Sergio García Ramírez y las deficiencias en el trabajo técnico de la Unidad de Fiscalización expuestas la semana pasada, el IFE es percibido por especialistas como un ente secuestrado por los partidos políticos, y no como el organismo autónomo que debería regular la contienda electoral.

Pero Valdés afirma que la palabra crisis no lo inquieta. Con la opción de ser reelegido por los diputados al finalizar su periodo –en octubre de este año–, el consejero presidente ataja la crítica afirmando que el IFE sigue siendo una de las instituciones más confiables de México.

Cumple cinco años al frente del IFE en medio de la crisis desatada por los gastos de campaña del 2012, ¿cómo está viviendo esta situación?

Estudié mi doctorado en ciencias sociales con especialidad en sociología en los años setenta, y uno de los conceptos más usados era la crisis. Todo estaba en crisis todo el tiempo, de suerte tal que hoy se diga que el IFE está en crisis por esta situación no me sorprende ni me inquieta.

El instituto ha mostrado solvencia en sus actividades. Los grandes retos que tenía hace cinco años se han enfrentado de manera correcta, estoy satisfecho con los resultados. Implementar la reforma electoral de 2007-2008 implicó un enorme esfuerzo de construcción de reglamentos, de lineamientos, una reordenación de las áreas de responsabilidad dentro de la institución y, por si eso fuera poco, que no lo es, tuvimos que organizar el proceso electoral de 2009 para probar esas nuevas formas establecidas por las modificaciones a la ley, sobre todo el tema de radio y televisión.

Después vino la organización de la elección más grande que ha vivido México, no solamente por el padrón electoral que creció significativamente. La renovación de la credencial 03 nos ayudó a actualizar el padrón, llegamos a la jornada de julio de 2012 con el padrón más actualizado en la historia de la institución. La dimensión de la elección tuvo que ver también con que la coincidencia con elecciones locales se incrementó. El instituto como siempre hizo un gran trabajo organizativo, técnico y logístico.

En su periodo, el IFE no logró recuperar la credibilidad perdida tras el conflicto postelectoral del 2006, señalan especialistas, ¿cómo argumentaría usted lo contrario?

No coincido con esta opinión y lo hago con mucho respeto porque siempre hay que analizar este tipo de datos en su contexto. El IFE no ha dejado de ser una de las tres o cuatro instituciones que mayor confianza provocan en la población. Sigue siendo el Ejército y la Iglesia quienes disputan el primer lugar. Ha perdido puntos en las encuestas como lo han perdido todas las instituciones, incluido la Iglesia y el Ejército.

¿Qué es lo que está pasando en México respecto a la relación del ciudadano con las instituciones?, algo que sucede en todas las democracias: en la medida en que el ciudadano está mejor informado, tiene más expectativas del funcionamiento de las instituciones y, mejor educado, es más exigente y no es raro que en consecuencia tenga una actitud más crítica hacia las instituciones. No sólo eso, tenemos una clase intelectual que durante mucho tiempo se dividió entre los que apoyan al régimen y los que criticábamos al régimen. En los últimos años, todos son críticos del régimen. Quizá es un producto de la democracia que nuestra clase intelectual ahora, para ponerlo en términos un poco exagerados, sea insaciable en su relación frente a las instituciones. Como que se ha convertido en un instrumento para construirse un prestigio.

¿Ninguna crítica es válida?

Por supuesto que todas son válidas. ¿Esta institución podría ser más eficiente? Sí ¿Podría ocupar menos recursos públicos para realizar sus actividades?, sí. ¿Podría impulsar programas para hacer mejor la educación cívica que requiere la población mexicana?, sí. ¿Podría implementar procedimientos de información de los resultados de las elecciones más rápido?, sí. Pero la medición de la confianza no está sólo en las encuestas, sino en la disposición de los ciudadanos a participar con esta institución en la organización de las elecciones. Y en eso, por más críticas que se haga al IFE, lo cierto es que cada vez los ciudadanos responden mejor al llamado a organizar elecciones, ser funcionarios de casilla y darnos resultados confiables, legales, legítimos.

Sueldazos, irregularidades administrativas, gastos excesivos en asesores, ¿a qué atribuye que en estos cinco años hayan salido a relucir todos estos escándalos?

Porque el IFE es transparente. Si fuera opaco, esa información no se conocería. Hay que matizar: ¿sueldazos?, pues lo que dice la ley y la Constitución. ¿Problemas administrativos?, para eso es la Contraloría, se lo he dicho al contralor: si se encuentra que algún empleado o funcionario comete un uso indebido o ilegal de los recursos públicos, tiene que ser sancionado.

El tema de asesorías es una decisión en una coyuntura en la que faltaban tres consejeros en el Consejo General porque la Cámara de Diputados se tardó 14 meses en elegir a quienes sustituyeron a los que terminaron su encargo. Fue una solicitud de los consejeros en el sentido de tener mayor apoyo en asesoría porque tenían más carga de trabajo. En la presidencia del Consejo General no hubo incremento de asesores.

¿Se justificaba su pretensión de aumentarse en 100 por ciento el sueldo o de darse este bono por sobrecarga de trabajo?

El IFE es un órgano colegiado. En algunas de estas decisiones que pueden ser polémicas fueron a solicitud expresa de los consejeros electorales que en un momento determinado consideraron que debían de recibir la remuneración que dice la Constitución. No es ningún planteamiento ilegal.

¿Considera que vivió bajo el fuego de las televisoras por haberle correspondido implementar la reforma electoral del 2007 2008?

Sí, viví bajo el fuego de las televisoras, de la radio, de la prensa escrita, de yo diría este cuarto poder que ejerce su poder justamente planteando sistemáticamente sus críticas a los funcionarios públicos, y más en una función tan transparente como la que desarrolla el IFE. Pero estoy satisfecho porque, a pesar de esta crítica sistemática de todos los medios de comunicación, el resultado del trabajo institucional fue más que aceptable.

¿No terminó doblándose frente al poder de los medios, del PRI y de Peña Nieto?

No, he tratado de hacer un trabajo con absoluta imparcialidad. Fue lo que yo ofrecí a los coordinadores de los grupos parlamentarios a finales de 2007 cuando presenté mi candidatura para ser consejero del IFE y eso es lo que he cumplido.

¿Qué dice a quienes lo acusan de favorecer al PRI con sus últimas votaciones?

No encuentro fundamento para que eso se pueda afirmar. Cuando los proyectos de resolución, después de haber hecho investigaciones tanto en procedimientos especiales sancionadores como en temas de fiscalización, plantean que hay que multar a ese partido o a cualquier otro partido, hago mi reflexión en términos de la objetividad, de la legalidad a las que estoy obligado, y emito mi voto en conciencia.

¿Cree que se mantendrá en el cargo después de octubre de este año?, ¿aspira a ello?

Es una decisión política que en su momento tendré que tomar y en su momento tendrán que tomar los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados y el conjunto de la Cámara. Estoy satisfecho con lo que he realizado.

La renovación del Consejo General será en octubre, supongo en el periodo ordinario de sesiones que empieza el 1o. de septiembre empezará a discutirse el tema y será el momento de tomar decisiones.

¿Qué cambiaría de lo que hizo en estos cinco años?

Hay algunas cuestiones que se podrían haber procesado mejor, están los temas de la remuneración de los consejeros, que quizá habría que haberlo manejado de otra manera, también soy autocrítico. El asunto quizá más complejo de este periodo fue el de la implementación de la reforma en términos de medios de comunicación. Quizá hubiera sido preferible iniciar con una relación más tersa con la industria de la radio y televisión; no fue así, no tuvimos tiempo de planteárnoslo siquiera, porque incluso cuando empezamos a implementar el modelo no teníamos los recursos para invertir en la infraestructura que era necesaria para llevar a cabo estas actividades.

A pesar de ello, logramos el objetivo y hoy estamos en una buena condición en términos de que la ley se está acatando. Vienen 14 elecciones locales en este año y el IFE va a administrar el tiempo del Estado en radio y televisión.

Por Carole Simonnet, Periódico Reforma, 10 de Febrero del 2013

Ciudad de México 

La Cruzada Nacional contra el Hambre no considera a municipios que sufren extrema pobreza, pero sí a algunas ciudades que serán las más peleadas en las elecciones que se realizarán en 14 estados el 7 de julio.

Por el número de pobladores, su alto poder adquisitivo, sus zonas industriales y comerciales y su relevancia política o turística, las dirigencias nacionales y estatales de los partidos pondrán mayor énfasis en al menos 40 municipios, varios de los cuales están considerados en la Cruzada.

Tal es el caso de Aguascalientes, Puebla, Mexicali, Durango, Torreón, Saltillo, Oaxaca, Fresnillo, Cancún, Culiacán, Boca del Río, Coatzacoalcos, Veracruz, Reynosa, Matamoros y Chihuahua.

El Artículo Tercero por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, publicado en el Diario Oficial de la Federación, indica que la selección de entidades se hizo "con base en la incidencia de pobreza extrema, así como en el número de personas en esta condición, y personas con carencia de acceso a la alimentación".

Sin embargo, el programa no incluye, entre los 400 municipios prioritarios, a localidades con índices más graves de pobreza.

Baja California, por ejemplo, será la única entidad donde habrá elección de Gobernador, además de diputados locales y Alcaldes, y en la Cruzada fueron incluidos los municipios más grandes de esta entidad: Tijuana, Ensenada y Mexicali, que, juntos, representan 85 por ciento de la población.

Según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en Tijuana, 3.5 por ciento de la población vive en pobreza extrema. En tanto, en el Municipio de Aguascalientes, sólo 2.3 por ciento está en esa condición de marginación.

En contraste, en San Francisco Tlapancingo, Oaxaca, 56.1 por ciento vive en pobreza extrema, y en Zirándaro, Guerrero, 57.4 por ciento. Ninguno está incluido en la primera etapa de la Cruzada.

"Llama la atención la ubicación de estos municipios sobre otros donde existe extrema pobreza. Entonces, que estén estos estados competidos por supuesto que se presta a la más grande de las sospechas", indicó Jesús Zambrano, líder nacional del PRD.

Según la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), varias de estas ciudades tienen mucha población y también tienen muchos pobres, aunque en promedio su nivel de vida no sea tan bajo.

Las cifras del Coneval revelan que Chihuahua, municipio incluido en la Cruzada, tiene sólo 2 por ciento de su población en pobreza extrema (16 mil 560) y 12.2 con carencia alimentaria (99 mil 891).

El municipio de Batopilas, también de Chihuahua, tiene 7 mil 844 personas en pobreza extrema y 4 mil 150 con carencia alimentaria, que representan 55.4 y 29.3 por ciento de su población total, respectivamente. Sin embargo, no fue incluido en esta primera etapa del programa contra el hambre.

Otros municipios de la Sierra Tarahumara no incluidos la lista son Urique, con 9 mil 43 pobres extremos (43.1 por ciento) y 6 mil 38 con carencia alimentaria (28.8 por ciento), y Balleza, con 8 mil 237 personas en pobreza extrema (40.2 por ciento) y 8 mil 320 carente de alimentación (40.6 por ciento).

Del Distrito Federal, cuatro demarcaciones no tan extremas serán también beneficiadas: Iztapalapa, que concentra a 63 mil pobres y 379 mil con carencia alimentaria; Gustavo A. Madero, con 23 mil y 177 mil, respectivamente, así como Tlalpan y Álvaro Obregón, con alrededor de 17 mil pobres y 109 mil en carencia de alimentación, cada uno.

Otra zona metropolitana que recibirá atención es la de Guadalajara, pues entraron a la Cruzada Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco, todos con porcentajes de pobreza extrema menores al 5 por ciento, y carencia alimentaria de 21 por ciento en promedio.

En Querétaro originalmente se había contemplado a la capital y a Amealco, municipio serrano que fue cambiado por el metropolitano San Juan del Río, que tiene menos pobres en cantidad y en proporción.

Otro caso es Yucatán, donde se priorizó al municipio con más número total de pobres extremos: Mérida, con casi 30 mil, y Tahdziú, aunque su 56.4 por ciento de pobres sólo representa mil 441 personas, a diferencia de Chemax, la tercera demarcación con mayor intensidad de pobreza extrema, con 9 mil 803, y que no está en la lista.

En Puebla se incluye a la capital y a un municipio de bajo nivel como Camocuautla, con 830 personas en pobreza extrema y 600 en carencia alimentaria (59.1 y 42.8 por ciento), pero no se tomó en cuenta al municipio de Chichiquila, con 9 mil 392 pobres extremos y 6 mil 953 en carencia alimentaria (57 y 42 por ciento, respectivamente).

La Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, advirtió que parte de la estrategia es abarcar las carencias en ciudades.

"Incluso capitales de estados, porque lo ha dicho Coneval y, en efecto, es una de las recomendaciones que estamos atendiendo, la pobreza rural hay que atacarla aún cuando esté en condiciones de dispersión y de alejamiento, pero la pobreza urbana concentra grandes volúmenes poblacionales, entonces, ahí tenemos que trabajar de manera muy importante", señaló en entrevista tras el lanzamiento de la Cruzada.

La Cruzada Nacional contra el Hambre atenderá, en una primera fase, a 7.4 millones de mexicanos en pobreza extrema y con carencia alimentaria en 400 municipios del País.

Por Érika Hernández e Itxaro Arteta, Periódico Reforma, 10 de Febrero del 2013

Ciudad de México 

Familiares de seis personas denunciaron ante la Comisión estatal de Derechos Humanos la detención de sus parientes por agentes de la Policía Federal y Ministerial del Estado de Guerrero, quienes son inculpados de la violación de turistas españolas.

Los denunciantes acudieron a las instalaciones del organismo en donde informaron que los acusados fueron sacados de casas y restaurantes ayer sin ninguna orden judicial.

"Los están obligando a ellos a que se digan culpables en la violación que ocasionaron a las españolas y por ese delito los están deteniendo", dijo el comisario suplente del poblado Lomas de Chapultepec, Adrián Sánchez Silva

Desde el lunes, luego que un comando abusó sexualmente de seis turistas españolas y les robó pertenencias, las autoridades ministeriales han interrogado al menos a 6 personas.

Los inconformes anunciaron manifestaciones y una conferencia de prensa a las 12:00 horas en la zona oriente de este destino turístico.

Así también, denunciaron agresiones de agentes de las corporaciones de seguridad, a quienes acusaron de tener una bodega en donde torturan a los detenidos detrás del Ministerio Público del sector Coloso.

Por Alfonso Juárez, Periódico Reforma, 9 de Febrero del 2013

Ciudad de México 

Luego que personal de Petróleos Mexicanos fuera desalojado de los edificios A, C y D por una presunta fuga de gas, la paraestatal confirmó que fue una falsa alarma originada por el olor de comida en descomposición.

Como medida de seguridad, los empleados de Pemex fueron desalojados poco después del mediodía de las instalaciones del complejo corporativo debido a que autoridades ubicaron un olor a gas en uno de los edificios.

La alarma sonó en la Torre Ejecutiva, entre el piso 20 y 24.

No obstante, luego se aclaró que la alerta se originó por el olor que desprendía comida dejada desde el jueves, cuando se registró la explosión en el edificio B2.

"Era una bolsa de comida. La gente se asustó. No pasó absolutamente nada, las instalaciones ya fueron revisadas en su totalidad y no hay riesgo de trabajo", señaló el director de Pemex, Emilio Lozoya.

"Me llamaron para decirme que había una fuga de gas en la puerta 24, que es el edificio A, y después empezamos a escuchar en los altavoces que era un bote de basura con comida echada a perder, que tiene el mismo olor que los gases", narró Rosy, una trabajadora de la paraestatal.

Tras una revisión a los inmuebles que forman parte de la sede de la paraestatal, las autoridades pidieron a los trabajadores regresar a sus puestos de trabajo.

Los empleados fueron desalojados en un tiempo de entre 5 y 7 minutos por la puerta 22 del complejo, ubicada en la calle Bahía de San Hipólito y se les solicitó que caminaran hacia Marina Nacional.

En el acceso ubicado en Bahía de San Hipólito, casi esquina con Laguna de Mayrán, se registró el desmayo de una trabajadora por crisis nerviosa, quien fue atendida por personal de Pemex.

En tanto, elementos de la Policía del DF y trabajadores de seguridad industrial de la petrolera bloquean las calles Bahía de San Hipólito y Del Espíritu Santo.

Por Alejandra López y Antonio Baranda, Periódico Reforma, 6 de Febrero del 2013

Ciudad de México 

El Gobierno capitalino proyecta poner en marcha un 'Cablebús' en la Sierra de Santa Catarina, en Iztapalapa para conectar zonas marginadas, como el de la ciudad colombiana de Medellín.

Este miércoles, el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera anunció este nuevo sistema de transporte como parte del programa de movilidad de su administración.

El proyecto forma parte del plan de rescate del Cerro de la Estrella que impulsa la Jefatura Delegacional de Iztapalapa, encabezada por Jesús Valencia, y que diseña el arquitecto Alberto Kalach.

"Todos y cada uno de los planteamientos de movilidad que hicimos vamos a desarrollarlos, tenemos todavía temas pendientes que se complementan. Estamos ya echando a andar como ustedes saben el trazo de la Línea 5 para poder dar un avance muy importante a toda esa zona de la Ciudad, así seguiremos con el proyecto Metro", dijo al dar el banderazo de salida de nuevos autobuses biarticulados para la Línea 1 del Metrobús.

"Así vamos a estar con el proyecto de 'Cablebús' en la zona de Iztapalapa, así vamos a buscar que haya mayor conectividad y mayor opción para los usuarios".

En entrevista agregó que el proyecto del "Cablebús" podría quedar elaborado dentro de un mes.

"Obviamente hay que desarrollar los proyectos, los proyectos están ya en ese estado, estamos trabajando con el Delegado, esto es concretamente con el Delegado de Iztapalapa, es un proyecto que se está analizando y que tiene que ver con las zonas altas, solamente con las zonas altas.

"Eso es lo que se está desarrollando, seguramente va a tener que pasar hasta Santa Catarina. Ese es el objetivo", expuso sin dar más detalles.

De acuerdo a un primer proyecto, el "Cablebús" podría conectarse con la estación Iztapalapa del Metro, aunque esto no lo confirmó el Jefe de Gobierno.

Hasta donde se tiene contemplado, se busca una empresa que construya y explote este sistema al estilo de Medellín.

Por Manuel Durán, Periódico Reforma, 6 de Febrero del 2013

Acapulco, México 

El Presidente Municipal Luis Walton Aburto clamó entre sollozos ayuda a la Federación en materia de seguridad tras la violación de 6 turistas españolas en este centro de playa.

Durante un encuentro con pobladores de Barra Vieja, lugar donde ocurrió el ataque a las turistas, el Edil recordó que tras la visita de Enrique Peña Nieto a Acapulco, en diciembre, el Mandatario se comprometió a reforzar la seguridad y recuperar la imagen de este destino.

"Estamos caminando en lo correcto y nos sucede esta desgracia a todos los acapulqueños. Vamos a trabajar para salir adelante. Aquí vuelvo a insistir, públicamente yo me dirijo al Presidente de la República Enrique Peña Nieto (...) Peña Nieto, el ciudadano Presidente vino a Acapulco y ofreció que le iba a dar el apoyo, que Acapulco tiene bastantes necesidades.

"El día de hoy no hemos visto el apoyo del Presidente de la República y le estamos exigiendo que regrese a ver a Acapulco, que también es parte de la República. Queremos el apoyo todos los acapulqueños", dijo ante pobladores de Barra Vieja con voz entrecortada.

Walton Aburto llamó a los ciudadanos de Barra Vieja a denunciar a los presuntos responsables del ataque a las turistas para que se pueda resolver el caso.

La madrugada del lunes, un comando ingresó a una casa de descanso en el poblado de Barra Vieja donde amagó y agredió a un grupo de turistas españoles, y después violó a seis ciudadanas de ese país.

En tanto, pobladores de la zona y de las colonias aledañas de Pie de la Cuesta, en la zona poniente de este Municipio, respaldaron al Alcalde de Movimiento Ciudadano, y aseguraron que juntos podrán resolver esta crisis.

Cabe mencionar que Walton Aburto optó por leer el mensaje que profirió durante su conferencia de este miércoles, luego que sus primeras declaraciones causaran polémica, ya que señaló que las violaciones de las que fueron objeto las turistas ocurrían en cualquier parte del mundo.

Por Alfonso Juárez, Periódico Reforma, 6 de Febrero del 2013

Ciudad de México 

En 2012, México fue el País que mayor cantidad de denuncias realizó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que recibió ese año, mil 800 casos, indicó su director ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza.

A menos de seis meses de haber asumido, Álvarez Icaza explicó a REFORMA el rol del organismo en América Latina, la situación en México y el debate en torno al papel de la CIDH.

"Durante un tiempo se creó la ecuación de que más denuncias es igual a más violaciones, pero tenemos que repensar esa ecuación, porque también puede ser que más denuncias provengan de más libertades.

"Llevamos años formando en derechos humanos. Lo que empieza a suceder es que la normalidad democrática implica un contexto de mayores denuncias", indicó.

La narcoviolencia en México, expuso, es un hecho cercano a una tragedia humanitaria y las capacidades institucionales no se han volcado a entender la dimensión del fenómeno.

Dijo que el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha dado señales positivas, como el respaldo a la Ley de Víctimas, pero mostró reservas sobre la creación de la Gendarmería Nacional, y afirmó que el Gobierno mexicano aún tiene que definir el rol del Ejército y el vínculo con las autoridades estatales y locales.

"Si no se le ponen controles a las nuevas instituciones de seguridad, se puede repetir esa práctica de generar una nueva institución que termine mal. Entonces, más que si es buena o mala idea, tenemos que revisar los modelos.

"¿Qué pasa que se crean instituciones para responder a determinados problemas y, con el paso del tiempo, se tiene que hacer otra cosa?", cuestionó.

Detalló que en México 80 por ciento de los delitos, y en algunos casos 90 por ciento, son del orden estatal, no del orden federal, una responsabilidad que en la narrativa actual sobre la lucha antidrogas y los cárteles está desdibujada.

Álvarez Icaza es crítico al referirse a las Policías estatales y municipales, pues el debate está muy sesgado hacia el papel del Ejército.

"Hay una extraordinaria incapacidad de las policías estatales y municipales. Y sí hay un debate público sobre el Ejército, está sobredimensionado.

"Los modelos de Policía no han logrado entender que las instituciones de seguridad son parte de las instituciones de la democracia. ¿Eso qué implica? Que deben acompañarse de ciertas reglas, procedimientos y mecanismos de control. Y cuando se hacen estos modelos, son muy alejados de los controles ciudadanos. Hay una tendencia a construir instituciones auto-referenciadas", indicó.

Cuestionado sobre si es optimista sobre el País, Álvarez Icaza dijo que hay una combinación de claroscuros, dado que México no ha dimensionado el problema de los desaparecidos.

"En materia de derechos humanos es difícil hablar en blanco y negro. Hay cosas muy positivas y a la vez desafíos importantes. ¿Hay esfuerzos importantes del Estado mexicano? Sí, los hay. No quiero dejar de reconocer esfuerzos, porque se han hecho", completó.

Urge a acotar fuero militar

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha criticado la reforma constitucional que en Colombia busca fortalecer el fuero militar, al permitir que algunos delitos de lesa humanidad sean tratados sólo por la justicia militar cuando involucran a las Fuerzas Armadas.

"Ese tipo de hechos es muy preocupante", dijo Álvarez Icaza, quien recordó que en 2012, la CIDH cuestionó la iniciativa y después realizó una audiencia entre el Gobierno de Colombia y organizaciones civiles que advirtieron el retroceso.

En enero de este año, la CIDH volvió a expresar su preocupación por el proyecto, que ya fue aprobado por el Senado colombiano.

"El fuero militar de México se ha venido discutiendo en armonía con los estándares del sistema interamericano y de Naciones Unidas. Las reformas en Colombia van en sentido contrario", agregó.