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Exonera IFE al PRI de megamulta por caso Monex en campaña de Enrique Peña Nieto

posted 24 Jan 2013, 06:25 by Meriposa World   [ updated 24 Jan 2013, 06:30 ]

Ciudad de México 

Sergio García Ramírez rompió el empate en el IFE, pese a que inicialmente se había excusado por su cercanía con una de las empresas involucradas

El PRI finalmente libró en el IFE una megamulta por el caso Monex... gracias al voto del consejero Sergio García Ramírez, quien fue secretario general del tricolor.

La Coalición Compromiso por México, que postuló a Enrique Peña, se salvó así de la sanción de 75 millones de pesos por no comprobar el dinero distribuido a través de tarjetas Monex.

Luego de 7 horas de intenso debate y tras un empate 4-4 en la primera votación, 5 consejeros del IFE rechazaron la propuesta de sancionar al PRI y el PVEM por no justificar el destino de 50 millones de pesos gastados durante la campaña presidencial.

El voto de García Ramírez, quien en primera instancia se había excusado por su cercanía con Efra, una de las empresas involucradas, fue decisivo para que la propuesta de multa fuera rechazada.

En una primera votación, en la que se registró un empate, García Ramírez no votó, toda vez que desde el 21 de julio pasado se excusó del caso al admitir sus vínculos con Gabino Fraga Mouret y su hijo Gabino Fraga Peña, propietarios de la empresa Efra, señalada por aportar recursos para los monederos electrónicos.

Sin embargo, al registrarse un empate, García Ramírez intervino en la discusión y consultó a los consejeros sobre su posibilidad de votar; al no haber objeción para que lo hiciera, se pronunció por eximir de responsabilidad y sanción a la coalición PRI-PVEM.

"Si hice esta inhibición fue simplemente eso, un retraimiento, vamos a llamarle así, pero no me excusé formalmente de participar en el denominado caso Monex... no estoy formulando o retirando una excusa, esto es simplemente reanudando mi participación en esta mesa, a propósito de este caso", argumentó.

Los consejeros Alfredo Figueroa, Lorenzo Córdova, Benito Nacif y María Marván propusieron al Consejo General declarar fundado el procedimiento por el caso Monex y sancionar al PRI por no comprobar el destino de los recursos utilizados en los monederos electrónicos.

Figueroa argumentó que el tricolor no comprobó correctamente el gasto realizado.

"El PRI reparte estas tarjetas entre sus enlaces estatales de las entidades que están precisadas y hasta ahí tenemos como tal, hasta ese momento lo que fueron esos recursos. A partir de ese momento, en mi opinión, hay un desvanecimiento del empleo de esos recursos y su destino", señaló.

Córdova explicó que los contratos presentados por el partido lo que prueban es la existencia de dos voluntades coincidentes, en prestar un servicio, por un lado, y en remunerarlo, por el otro, pero no son mecanismos para comprobar lo que gastó el partido.

"Sigo insistiendo que sería muy mal mensaje hacia el futuro si aceptáramos los contratos como mecanismos de comprobación de las erogaciones que realizan los partidos", sostuvo.

En respaldo a la propuesta de Figueroa y Córdova, la consejera Marván afirmó que avalar ese tipo de financiamiento sería confirmar que hubo inequidad en la contienda electoral.

"Hacer de cuenta que esto es legal... y no verlo como un financiamiento paralelo en el que hubo la contratación de un crédito es sin lugar a dudas romper la equidad de la contienda", acusó.

Nacif apuntó que el partido no aportó pruebas para relacionar las obligaciones de los contratos con las tarjetas y el dinero.

Ante la insistencia de los partidos de Oposición para que se reconociera que el PRI hizo una triangulación ilícita, el consejero Marco Antonio Baños defendió el proyecto de la Unidad de Fiscalización, al asegurar que se ha aclarado el origen y el flujo del dinero.

"La Unidad ha determinado que al quedar constancia plena, y creo que en esa parte todos los consejeros electorales estamos coincidiendo, quedar constancia plena de cuál es el origen y el flujo que han tenido estas cantidades de dinero, la contratación no resultó ilegal, y ese conjunto de recursos no puede ser imputado a un partido como una aportación prohibida de empresa mercantil en términos del Código Electoral, eso tampoco existió, ahí está", sostuvo.

A pesar de que se pronunció por considerar que hubo financiamiento ilegal, la consejera Macarita Elizondo no acompañó la propuesta de imponer la multa, y junto con García Ramírez, Baños, Francisco Guerrero y Leonardo Valdés aprobaron eximir al PRI.

Los cinco consejeros no hallaron ninguna ilegalidad pese a que el resolutivo del IFE confirma y detalla la red de financiamiento utilizada por los priistas con empresas fantasmas o fachadas.

Las autoridades electorales aprobaron dar vista a Hacienda, que encabeza Luis Videgaray –quien fuera coordinador de la campaña electoral de Peña–, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos Electorales y al SAT para que investiguen posible defraudación fiscal y lavado de dinero.

La resolución sólo acepta que los 50 millones usados a través del entramado financiero se contabilicen como gasto de campaña.

Los consejeros aclararon que con las resoluciones tomadas ayer aún no se determina si los partidos rebasaron el tope de gastos de campaña.

El IFE indicó que hasta el 30 de enero se discutirá el informe final, y entonces se sabrá si el candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, rebasó el tope de gastos fijado en 336 millones de pesos.

Por Leslie Gómez y Érika Hernández, Periódico Reforma, 24 de Enero del 2013

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