Segob a cargo de la seguridad: una propuesta contraproducente, por Fernando Gómez Mont

posted 23 Nov 2012, 09:42 by Meriposa World   [ updated 23 Nov 2012, 09:50 ]

El tema que me ocupa es la intervención de las autoridades políticas, especialmente la Secretaría de Gobernación, en materia de seguridad. El tema fue objeto de las preguntas que algunos ciudadanos preocupados por el devenir del país formularon a los candidatos durante la reciente campaña presidencial.

La pregunta en cuestión formulaba una hipótesis: ¿Estaría de acuerdo en crear (...) una secretaría de Estado que se ocupe de todas las fuerzas civiles y tareas de seguridad sin funciones políticas? El entonces candidato Enrique Peña Nieto contestó: "(...) Por otro lado, actualmente ya existe la Secretaría de Seguridad Pública que tiene a su cargo la Policía Federal, a lo cual sumaré la Gendarmería Nacional.

Lo importante es crear mecanismos legales y operativos para incrementar la coordinación y cooperación en tiempo real de las distintas instituciones, de ahí la necesidad de crear un Centro de Fusión de Inteligencia y un Centro Nacional de Control y Comando". Dichas respuestas nos indujeron a muchos a creer que la reforma institucional en materia de seguridad pública se centraría en la dependencia encargada de esta materia y su transformación hacia lo que se ha denominado como una Secretaría del Interior. Sin embargo, la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal presentada por los legisladores del PRI en la que se plantea la fusión de las Secretarías de Gobernación y Seguridad Pública contradice profundamente esta percepción.

La experiencia de quien escribe afecta la perspectiva con la que se trata el tema. Me preocupa que la reforma planteada sea inoperante en los hechos, y más me preocupa que resulte contraproducente. En mi opinión la principal tarea del Secretario de Gobernación en nuestro régimen político es operar el principio de autoridad presidencial frente a los otros poderes constitucionales que, dicho sea de paso, cada vez se asumen más como eso, como potestades públicas reguladas de las cuales se espera que ejerzan sus atribuciones y competencias. La necesidad de administrar las relaciones del Poder Ejecutivo con el Legislativo y el Judicial al tiempo de representar a dicho poder frente a los Poderes Estatales y Municipales es una función que exige la mayor de las discreciones y la más desarrollada de las sensibilidades. Constantemente se tienen que procesar conflictos que derivan del ejercicio simultáneo de tales poderes y permanentemente se debe gestionar la cooperación y colaboración entre los mismos. Si a este contexto se añade la gestión directa de las fuerzas de seguridad federal, se incorpora un elemento de conflictividad adicional, más perturbador que conciliador.

Un principio razonable de división del trabajo aconseja que quien coordina no sea a su vez coordinado, a fin de estar por encima de las diferencias que existen y existirán siempre entre instituciones que cooperan pero que también compiten entre sí. Ignorar el diferente desarrollo que existe entre nuestras fuerzas de seguridad y los antecedentes que lo han marcado puede llevar a subestimar el grado de conflictividad que tiene que ser cotidianamente administrado desde la política. No es lo mismo el desgaste institucional al que han sido sometidas nuestras Fuerzas Armadas, constantemente vinculadas a tareas de seguridad, que el que han sufrido nuestra Marina o nuestra Policía Federal. El que el Secretario de Gobernación sea el responsable de gestionar a las fuerzas de seguridad civil lo va a desgastar frente a las otras instituciones en la materia, y la solución tendrá que descansar exclusivamente en el Presidente de la República. No es un tema menor y sacrifica innecesariamente a un nivel de gobierno que tiene como función principal precisamente preservar la integridad de la autoridad presidencial.

Por otra parte, la incorporación del esquema de la Gendarmería Nacional que sólo puede existir mediante una escisión ordenada y razonable de nuestras Fuerzas Armadas agrega un elemento a la problemática. Las tareas de profesionalización y capacitación de nuestras fuerzas de seguridad pasan por una necesaria exposición al control social de los responsables en estos temas y por una aconsejable estabilidad en los mandos. Tales atributos no le pueden ser ofrecidos al Secretario de Gobernación que, en su fungibilidad, muchas veces presenta su mayor aportación al sistema político, y en la discreción de su trabajo, su mejor eficacia.

Por ultimo, tareas fundamentales para el desarrollo político del país como la consolidación democrática y el fortalecimiento de los derechos humanos constantemente se ven afectados por el legítimo uso de la fuerza estatal. La confusión de ambas agendas resulta peligrosa e inquietante en la gestión de una gobernabilidad democrática. Si se quiere fortalecer a la Secretaría de Gobernación y con ello a la institución presidencial, debe despojársele de funciones que no se justifican como la de juegos y sorteos, que debieran pasar al área económica, y encomendarle tareas como la gestión de la agenda de justicia, que precisamente civiliza la solución de conflictos entre los gobernados y los que se sostienen con y entre los poderes públicos.

Lo cierto es que nos falta información sobre las intenciones y visiones que justifican esta iniciativa de reforma, y que la necesaria bienvenida a la nueva Administración obliga a un espíritu constructivo que facilite la gestión de la visión que prevaleció en las pasadas elecciones. Sin embargo, esta colaboración no puede ni debe ser acrítica, sobre todo en un tema que por nuestro pasado remoto y reciente genera muchas inquietudes.

Por Fernando Gómez Mont, ex Secretario de Gobernación, 23 de Noviembre del 2012

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