Amnesia Histórica... Ineficacia Política, por Javier Garciadiego

posted 6 Jan 2013, 07:09 by Meriposa World   [ updated 6 Jan 2013, 07:33 ]

El futuro de la democracia va a depender de que los ciudadanos actuemos como demócratas

Aún resuenan los reclamos de muchos políticos, intelectuales y periodistas, pronunciados al unísono en 2010 contra lo que percibían como falta de contenido en las conmemoraciones históricas de aquel año. La mayoría de esas estentóreas voces tenía una sensibilidad histórica efemerística, coyuntural, y veía la historia del país no como un proceso sino como el producto de dos momentos épicos fundacionales. Evidentemente, aquellas voces tenían una conciencia histórica epidérmica y amnésica. Atentos sólo al 2010, pronto olvidaron que la Historia es un proceso continuo, que no procede a saltos y que para comprenderla no conviene sólo recordar los grandes cumpleaños. Para comenzar, olvidaron las conmemoraciones del 2011: no el estallido sino el triunfo de la Revolución, reconocido a finales de mayo de 1911 en los llamados Tratados de Ciudad Juárez; y al revés, no el inicio de la guerra de Independencia pero sí el fracaso del movimiento encabezado por Miguel Hidalgo e Ignacio Allende. También se cumplieron 100 años del Plan de Ayala (noviembre de 1911) y 150 del decreto de Benito Juárez en favor de la moratoria que provocó la Intervención francesa.

Para decirlo rápido, se perdió la oportunidad de repensar sobre las lecciones que nos dejaron estos procesos. Entre muchas reflexiones, la caída de Porfirio Díaz y el triunfo de Francisco I. Madero nos recuerdan que no hay aparatos gubernamentales invulnerables, por fuertes que parezcan, y que todo movimiento sociopolítico, por débil e inexperto que sea, puede crecer y fortalecerse. A su vez, la derrota y muerte de Hidalgo y de los demás líderes Insurgentes son prueba de que los más carismáticos y justos movimientos sociales suelen ser vencidos si carecen de la estructura adecuada y de un liderazgo atinado. La promulgación del Plan de Ayala ratifica la aseveración de que los reclamos políticos carecen de atractivo popular si no se combinan con demandas sociales, pero también demuestra que casi todos los reclamos sociales tienen insalvables límites sectoriales y territoriales. Por último, toda reflexión sobre la moratoria de julio de 1861 nos advierte contra cualquier tipo de desorden en las finanzas de un país y contra el incumplimiento de los compromisos internacionales: en el siglo XIX, el costo era una intervención militar extranjera, y la que México padeció se prolongó por cinco años; en el siglo XXI, el costo suele ser quedar excluido de los programas de financiamiento internacional.

Acaba de concluir el 2012 y tampoco reflexionamos suficientemente sobre las principales efemérides del año. Destacaban cuatro o cinco, pero sobre todo el 150 aniversario del triunfo sobre el ejército francés, ocurrido a principios de mayo de 1862 en Puebla. 

Cierto: el gobierno estatal poblano y la Secretaría de la Defensa Nacional organizaron sendos festejos. Sin embargo, poca atención –por no decir nula– se puso a una negociación diplomática exitosísima, bien diseñada y mejor ejecutada: los Convenios de La Soledad, mediante los cuales el secretario de Relaciones Exteriores de Benito Juárez, Manuel Doblado, logró que las fuerzas ocupantes de España e Inglaterra se reembarcaran rumbo a Europa, dejando a Francia sola, y sobre todo deslegitimada, pues quedó claro que sus objetivos estaban muy lejos del simple cobro de su deuda. La lección es obvia: en una guerra resulta fundamental una estrategia política que, sin violencia, reduzca las fuerzas contrarias.

También el año recién concluido debimos haber reflexionado sobre otras efemérides. Muchos políticos y analistas sostienen que los principales problemas del país son la violencia criminal y la deficiente educación, pública y privada. Hace unos meses –en septiembre– se cumplieron 100 años del fallecimiento de Justo Sierra, creador en 1905 de la Secretaría de Instrucción Pública. 

Sierra se planteó dos retos inmensos y dedicó toda su vida pública a superarlos: ¿cómo pudo ser que durante nuestros primeros 85 años de vida independiente ningún gobierno, fuera centralista o federalista, liberal o conservador, consideró que la Instrucción era un tema prioritario, merecedor siquiera de una oficina gubernamental que la atendiera? ¿Cómo pudo ser que no tuvimos una universidad durante el siglo XIX, el llamado "siglo de la ciencia"? Sierra hizo todo lo que pudo para remediar estas ausencias, pero aun así el país padece rezagos seculares en materia educativa. Es imprescindible ponernos al día, construir un sistema educativo adecuado al siglo XXI, que contemple todos sus niveles, desde la educación de párvulos hasta el posgrado, e incluso la llamada educación "continua", postescolar, para adultos mayores; un sistema atento a los asuntos cuantitativos y materiales, así como a los estrictamente intelectuales; un sistema consciente de que el mexicano del siglo XXI requiere de varias herramientas cognoscitivas: tecnológicas, científicas, lingüísticas y culturales; un sistema educativo, en fin, que se base en la dignidad y la capacidad de sus profesores, y en las posibilidades y potencialidades de los alumnos.

Mantengámonos todavía en el 2012 y recordemos que se cumplieron 100 años de la instalación de la XXVI Legislatura, célebre por haber sido la primera –en ese siglo– independiente frente al Poder Ejecutivo, y la primera con una composición plural y diversa en términos político-ideológicos. El triste final de esa legislatura –disuelta en octubre de 1913 por Victoriano Huerta, luego de haber aceptado masivamente las renuncias de Madero y José María Pino Suárez– nos hace ver que no son suficientes aquéllas sus dos características distintivas. El Poder Legislativo tiene otras funciones y otras responsabilidades en el aparato gubernamental; otra naturaleza y otra legitimidad, pero su finalidad última no es sólo la de contraponerse al Ejecutivo. Ambos poderes deben llegar a acuerdos, hacer que sus previsibles diferencias resulten incluso enriquecedoras. Así hoy, para la impostergable reforma al sistema educativo, ésta debe ser un compromiso de todo el Estado mexicano, con una normatividad bien precisa, y no sólo conforme al anhelo del responsable en turno de la Secretaría de Educación Pública, apoyado en instrumentos jurídico-políticos de fuerza limitada. Pero recuérdese: la evaluación final al Poder Legislativo no debe depender de su pluralidad o de su contraposición al Ejecutivo, sino de sus aportaciones legislativas.

Por último, en abril se cumplieron 40 años de la muerte del fundador del PAN, Manuel Gómez Morin, fallecido en abril de 1972. No percibí mayores ejercicios conmemorativos y reflexivos en la institución partidista fundada por él. Seguramente ésta se encontraba concentrada en las campañas electorales y no tuvo tiempo de reflexionar sobre sus propuestas en favor de la democracia y del imprescindible uso de conocimientos técnicos para resolver los problemas económicos y sociales del país, cuya solución es imposible sólo con buenas intenciones. Aunque seguramente no era oportuno para dicho partido organizar unas jornadas autocríticas al inicio del proceso electoral, hoy parece no sólo pertinente sino hasta obligado: ¿cuánto del ideario original sigue vigente? ¿Tienen sus dirigentes y militantes de hoy los valores y la capacidad profesional que tuvieron los de ayer, y los de antier? ¿Es válido ser liberal en política y economía, pero no serlo en los temas sociales y culturales? Sobre todo, en una época en la que la alternancia es un hecho irreversible que obliga a saber gobernar y a saber ser oposición, es deber de ese partido ser capaz en ambas funciones. Su dilema fundamental es: ¿cómo recuperar el aprecio y la confianza del electorado?

¿Es vulnerable nuestra democracia?

Ubiquémonos en el 2013. Como todos los años, todos los países del mundo tienen varias efemérides que obligan a su respectiva conmemoración. Pensemos en las nuestras: se cumplirán en noviembre 200 años de que el Congreso de Anáhuac, convocado por José María Morelos, promulgara en Chilpancingo el Acta solemne de la declaración de la independencia de la América Septentrional. En un alarmante proceso regresivo, 50 años después, en julio de 1863, la Asamblea de Notables, mayoritariamente mexicanos, acordó que en México debía prevalecer la forma de gobierno monárquico, y que la corona debía ceñírsela un monarca europeo y católico. Dicha conclusión suponía no sólo el fracaso, hasta entonces, de la forma republicana de gobierno, sino el de la incapacidad congénita de toda la clase política mexicana. Como si no fuéramos capaces de contar con un gobernante nuestro, éste tenía que ser importado del otro lado del mar.

A mi modo de ver, la efemérides más cercana a nuestro presente es la que deberá suscitar las mayores reflexiones. Pienso, claro está, en el inminente centenario de la Decena Trágica, de febrero de 1913. Los desdichados hechos son suficientemente conocidos y, por lo mismo, innecesariamente resumibles. Su primera lección ya está en la mente de muchos mexicanos: en ciertas condiciones, los procesos democratizadores son reversibles. ¿Cuáles serían hoy dichas condiciones? ¿Cuán vulnerable es nuestro proceso democratizante, nuestra llamada transición? ¿Dónde se esconden, de haberlas, las peores amenazas?

La Decena Trágica tuvo dos grandes protagonistas colectivos: por un lado, varios miembros del antiguo régimen, políticos y militares, decididos a recuperar el poder; por el otro, un gobierno conformado por elementos nuevos, inexpertos y divididos entre sí. Había un tercer grupo, el de los sectores populares, que iniciaba su ascenso en la vida pública nacional, pero estaba todavía poco integrado; más aún, estaba en proceso de definición. Cualquier identificación con el momento actual sería groseramente errónea, aunque pueden aventurarse algunas similitudes. No hay sector alguno de la actual clase política que pueda identificarse con aquel sector del antiguo régimen porfirista: hoy el Ejército Nacional es una corporación muy institucional pero sin mayores capacidades gubernamentales y carente de la confianza y el prestigio, imprescindibles para gobernar.

No: hoy los riesgos de una regresión antidemocrática no se encuentran en el sector castrense. Tampoco están en el sector internacional, en nuestro caso en alguna antihistórica pretensión del gobierno estadounidense. Hoy nuestros predicamentos se ubican en toda la clase política. Para comenzar, es preciso que las tres principales fuerzas partidistas colaboren en la resolución de los mayores problemas nacionales, sin que ello implique la desaparición de sus diferencias programáticas. Sobre todo, el futuro de nuestra democracia depende de que los ciudadanos mexicanos actuemos como demócratas, del cuidado que demos a nuestra joven tradición democrática y del mejoramiento de nuestras instituciones políticas, sociales, educativas y culturales. El problema de Madero fue que quiso introducir la democracia en un país sin ciudadanos y sin instituciones democráticas. Ni siquiera había auténticos partidos políticos, lo que acaso explique la triste actuación de la XXVI Legislatura durante el Cuartelazo. Así se hizo evidente que el país no estaba listo para la democracia, a pesar de lo asegurado por Díaz al periodista Creelman.

Hace decenios que ya lo estamos; es más, desde hace tres o cuatro decenios estamos transitando por el inacabado proceso de construcción de nuestra democracia. En política, muchas veces los triunfos embriagan y las derrotas aleccionan. También es cierto que en ocasiones los triunfos fortalecen y dan confianza, legitiman, y que las derrotas amargan, enturbian la mirada y estrechan el horizonte. El país necesita que en el PRI que recuperó el poder federal predomine la lección sufrida sobre cualquier afán revanchista y que su vieja experiencia gubernamental se combine y enriquezca con su reciente experiencia oposicionista.

La perspectiva historiográfica dominante en la explicación de la Decena Trágica ha sido maniquea. Se concentra en la maldad del grupo golpista sin considerar las responsabilidades en las que incurrió el gobierno derrocado. Cuando mucho se le critica su ingenua confianza en Victoriano Huerta, o su caritativa generosidad al conmutar la pena de fusilamiento que correspondía a Bernardo Reyes y a Félix Díaz, militares aprehendidos en plenos actos de rebeldía. El verdadero problema de Madero no fue su ingenuidad sino su debilidad, no personal sino una gravísima debilidad institucional. En aquel momento, la segunda mitad de 1912 y principios de 1913, cuando la incipiente democracia mexicana fue seriamente amenazada, la democrática actitud –léase independiente– de la democrática XXVI Legislatura –léase plural– resultó, paradójicamente, contraria a la consolidación de la democracia. Algo parecido puede decirse de la prensa de aquellos días. Su crítica furibunda no fortaleció el sistema democrático, pero sí debilitó gravemente el gobierno de Madero. Por último, los grupos populares antimaderistas, tanto zapatistas como orozquistas, tampoco funcionaron como un sano contrapeso a un gobierno encabezado por un miembro de la oligarquía. Aunque socialmente justa, su lucha fue políticamente torpe, pues debilitó seriamente a un gobierno democrático. El costo de aquella miopía política fue padecer durante un año y medio la devastadora conducta de los generales huertistas en Morelos. Hoy la izquierda social y política que representa a la mayoría de los movimientos populares debería actuar con enorme perspicacia: oponerse sin debilitar al aparato gubernamental, del que, por cierto, forma parte, en el Legislativo –nacional y estatales– y en dos niveles del Ejecutivo, gubernaturas y presidencias municipales.

La guerra

Concluyo con dos reflexiones: para enfrentar una guerra, piénsese en la que tuvimos contra Estados Unidos entre 1846 y 1848, o en la Intervención francesa sufrida dos decenios después. Puede pensarse también en la multitud de rebeliones y revueltas del siglo XIX, e incluso en la lucha maderista de 1910 y 1911, cuando Porfirio Díaz ya había perdido su vigor, eficacia y legitimidad. Para que el resultado de una guerra sea exitoso se requiere de muchos factores. Uno de ellos, imprescindible, es contar con un Estado central fuerte y legitimado, y México careció de él durante casi todo el siglo XIX, especialmente en su primera mitad. De allí que pareciera que el país estaba en vilo, próximo a perder su territorio o su soberanía; de allí también que el gobierno central no pudiera cumplir con sus obligaciones financieras internacionales o que estuviera a merced de cualquier caudillo regional. Sobre todo, durante la mayor parte del siglo XIX el Estado central fue incapaz de alinear a las fuerzas estatales y locales en pos de los intereses nacionales.

Otros dos elementos imprescindibles para obtener el triunfo en cualquier guerra son reducir el volumen del enemigo y aislarlo social y geográficamente: no dejar que el conflicto se expanda a otros sectores o a otras regiones. Así fue vencida, en términos militares, la rebelión cristera, padecida durante tres sangrientos años –a finales de los años veinte– en el centro-occidente del país. También debe considerarse que toda guerra tiene elementos militares, políticos, económicos, sociales y culturales. Si en el aspecto político fueron vencidos los cristeros, ya que sobrevivieron el Estado central mexicano y la Constitución de 1917, en términos culturales los triunfadores fueron los cristeros, pues se tuvo que aceptar que la sociedad mexicana conservara sus formas de religiosidad tradicionales.

Pensemos ahora en la actual guerra contra el crimen organizado, en la llamada por muchos, ilustrativa y significativamente, guerra de Calderón. Ha sido una guerra enfrentada por el Ejecutivo pero no por todo el Estado mexicano. Para comenzar, muchos gobernadores y presidentes municipales se mantuvieron totalmente al margen del conflicto, sin colaborar en su combate, lo que fue una manera de ayudar a los delincuentes. En el Poder Legislativo, Calderón sólo fue apoyado por los legisladores de su partido. En cambio, para enfrentar a los cristeros el gobierno de Plutarco Elías Calles contó con el apoyo monolítico de toda la clase política, y con el apoyo de los sectores sociales organizados, como las Ligas Agraristas estatales o la CROM, entonces la única central obrera de alcance nacional. A diferencia de aquello, el presidente Calderón tampoco contó con el respaldo de la sociedad organizada: ¿incapacidad suya?, ¿miopía colectiva y generalizada? Muchos críticos han asegurado que al presidente Calderón le faltó la estrategia adecuada para enfrentar la guerra contra el crimen organizado. A mí me parece igualmente importante no haber logrado convencer a la sociedad de que la guerra no era sólo suya. Sin embargo, la miopía social es inocultable: la generalizada afirmación de que todos los miles de muertos son "víctimas" es la mayor prueba de ello.

Regresemos, para concluir, a nuestra próxima efemérides relevante: los 100 años de la Decena Trágica. Su principal lección es que en política no es suficiente tener buenas intenciones. Madero intentó introducir la democracia en el país, pero su fracaso más bien pospuso la democratización de nuestro sistema político. Después de él, sus sucesores, de Venustiano Carranza en adelante, no aceptaron tener un Poder Legislativo autónomo; tampoco aceptaron la soberanía que corresponde en los regímenes democráticos a los poderes estatales y locales; lo mismo puede decirse de las organizaciones sociopolíticas, desde entonces subordinadas al Presidente en turno. Mucho menos toleraron la libertad de expresión, so pretexto de que las críticas podían erosionar el prestigio del Presidente, debilitando así el aparato gubernamental. La Decena Trágica nos deja otra lección: que la política juzga de inmediato y que la historia lo hace desde una perspectiva larga. De esta forma el fallido presidente Madero es, al mismo tiempo, un extraordinario personaje histórico. Así les pasará a otros políticos recientes, juzgados hoy desde la inmediatez o, como decimos los mexicanos, todavía "con los ánimos caldeados"; ya les llegará el juicio de la historia, más sereno, cuando el tiempo y la información permitan hacer una evaluación más equilibrada.

Paciente lector: recuerda que la historia trata del ayer, y la política, del hoy. Sólo los estadistas piensan en el mañana. El político tiene que resolver sus problemas a partir de la calidad de su diagnóstico y de su capacidad para concitar apoyos y adhesiones. Aunque en ocasiones tendrá incluso que acudir a su intuición, el conocimiento de la historia siempre le será benéfico.

Por Javier Garciadiego, Periódico Reforma, 6 de Enero del 2013

El autor es presidente de El Colegio de México

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